Parece no haber vuelta atrás. El Río Paraná otra vez a la venta.

Que el Río sea privado y que lo llamen Hidrovía no es algo viejo. Data de 1993 cuando, a través de un decreto, Menem llama a licitación y el Río, como tantas otras posesiones del pueblo, pasa a manos privadas. Esas políticas tan repudiadas (prueba de ese repudio fue la soledad del velatorio del ex mandatario) reviven cada vez que al río se lo llama Hidrovía. Ningún rosarino tirado a la sombra de un árbol en la costanera diría “mirá qué linda que está la Hidrovía”, a nadie le enseñaron en la escuela qué carajo es una hidrovía.

En agosto del año pasado el destino del Paraná parecía otro. El acuerdo federal firmado a las orillas del río por los gobernadores de la cuenca, ministros y el presidente, anuncia la creación de una sociedad del estado para la administración del río cuya norma fundante contempla la participación activa de nación y de las provincias, al tiempo que establece la creación de un consejo federal integrado por todos los sectores interesados, incluyendo universidades y organizaciones sociales. El acuerdo considera que nuestro sistema político federal, implica una distribución ordenada de competencias entre Nación y provincias y por ende, la constitución de una Sociedad del Estado resulta una respuesta adecuada.

A fines de noviembre, el profundo sentido federal que aclamaba aquel acuerdo estalla por los aires. En medio del caluroso dolor colectivo, producto de la muerte de Maradona, Alberto Fernández firma el decreto 949 que le otorgaba al ahora fallecido ministro Meoni la facultad de llamar nuevamente a licitación para concesionar el río. Del acuerdo federal, el decreto solo deja la creación del consejo y relega la acción de las provincias y demás interesados a simples actores consultivos. En esa línea, no menciona a la sociedad del estado anunciada en agosto y da por hecho el llamado a licitación apoyando la decisión en decretos firmados por Menem. La sorpresiva muerte de Meoni y el inminente fin de la concesión anterior hacen arder un debate estructural.  

Las discusiones emanan desde el interior de la coalición gobernante y son consecuencia de ella. Recordemos, por ejemplo, que Meoni era de tradición radical y miembro fundador del Frente Renovador que lidera Sergio Massa o que el propio Alberto Fernández integró a la discusión a gobernadores de todos los espectros de ese Frente de Todos que lo llevó al poder.  Por eso, la resolución sobre el futuro del río es un tema que posiciona a la coalición como un gobierno popular si el desenlace es soberano y federal o como una continuación de aquel menemismo privatizador que pregona el decreto 949. 

El ex ministro de transporte era el principal propulsor de que al río le sigan diciendo Hidrovía y como tal era el primer apuntado por quienes, arengados por el espíritu de aquel acuerdo federal, reclaman soberanía sobre los recursos naturales de nuestra tierra. El trágico fallecimiento de Meoni el pasado 23 abre una ventana de incertidumbre, pero hay que tener en cuenta que la cartera de Transporte sigue en manos del massismo, por lo que es de esperar que desde el ministerio se mantenga la postura de Meoni.    

Por el río hoy pasa de todo menos control del estado, que confía en una declaración jurada para enterarse qué llevan y traen los más de 6000 barcos anuales que circulan. Como deja planteado la UIF (Unidad de Información Financiera), la Hidrovía es una herramienta fundamental para el contrabando de granos, armas y drogas, la trata de personas y la evasión impositiva. Por otro lado, lo que pasa por la hidrovía influye directamente en el ingreso de divisas, su disponibilidad en el Banco Central y en cuestiones atinentes a la comercialización lícita e ilícita. 

Que sea una declaración jurada de las empresas el único medio por el cual el gobierno se anoticia de lo que sucede con el 80% de las exportaciones totales de nuestro país es una victoria de aquellos que conciben al estado como un obstáculo para sus intereses.      Del “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado” menemista hay más de 25 años de distancia pero se lo siente cerca, asomando cada vez que hay un descuido. El decreto 949 es la advertencia de un menemismo vivo que pide pista ante el terreno allanado que dejó Macri en materia de soberanía. Cuidar el Río Paraná implica llamarlo por su nombre, implica buscar alternativas ambientalmente sustentables y sobre todo implica cuidar los intereses de quienes habitan a sus orillas.